Coomeva EPS, en busca de inversionistas que le den oxígeno financiero

El acumulado de deudas que tiene el sector de la salud oscila entre $6 billones y $14 billones. Esto ha afectado a entidades como Coomeva EPS, cuyas obligaciones con las IPS se aproximan a $1 billón.

Para pagar dicho monto y seguir mejorando los estándares de calidad, el Grupo inició un Plan de Fortalecimiento, que incluye la llegada de un inversionista. El presidente del Grupo Coomeva, Alfredo Arana, dijo que la propuesta podría describirse como “una invitación a invertir para fortalecer la EPS”. Dicha alternativa iría a la par de un trabajo con el Gobierno para que reconozca las deudas a hoy y elimine los recobros.

¿Cómo es el plan de la EPS para este 2019?

Estamos formulando el Plan de Fortalecimiento Institucional, que consiste en que el Gobierno nos quite la responsabilidad de los recobros hacia adelante, que nos pague lo que nos debe, que está en cerca de $1 billón y, además, venimos buscando inversionistas nacionales e internacionales, y hemos avanzado en conversaciones. Esa es la fórmula de salida que vemos, donde el Gobierno es actor fundamental. Acá el Grupo Coomeva también está dispuesto a poner más recursos para esa recuperación.

¿Cuánto esperan que pueda inyectar ese socio?

Tenemos seis alternativas, y con todas tenemos acuerdos de confidencialidad. Pero la premisa es que las deudas deben ser pagadas con la plata que vamos a recibir del Gobierno, con lo que pongan los inversionistas y con lo que pongamos nosotros. Acá hay que precisar muy bien que en las soluciones que diseñamos está la prioridad de seguir prestando servicios.

La idea es tener una empresa fortalecida, con estados financieros más robustos y proyecciones de crecimiento.

El Gobierno planea pagar las deudas entre 2021 y 2022, ¿se podría esperar tanto tiempo?

El tema es que hay una urgencia de liquidez. A nosotros nos deben $1 billón, y reconocer la deuda nos mejoraría los estados financieros. El ministro Carrasquilla ha planteado que se emitan bonos. Eso nos serviría, porque se podrían convertir en plata líquida y pagar directamente a las IPS. Ese planteamiento es lo que han llamado ‘Ley de Punto Final’. El Gobierno está comprometido, pero va muy lento.

¿De dónde surgió el problema?

Las EPS tienen un problema de solvencia y de liquidez originado por un tema que nació en 2004 pero se agudizó en julio de 2008, y fue la sentencia T-760, que agrupó varias tutelas que obligan a las EPS a entregar servicios que no hacen parte de su obligación contractual con el Estado y que deben ser reconocidas por el Gobierno.

Nos dijeron que atendiéramos eso y luego cobráramos, pero solo nos pagaron una parte, entonces eso se resuelve con que todos los actores sean más racionales con los recursos. Tenemos un sistema muy loable en el punto de vista social, pero impagable, entonces tenemos que inyectarle más recursos al sistema, que pueden ir alrededor de $2,5 billones o $3 billones al año.

REDACCIÓN.


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