Cierran EPS que usaba recursos de salud para reinados y torneos de fútbol

El superintendente de salud, Fabio Aristizábal, acaba de anunciar que confirmó la revocatoria total de autorización para funcionar de Comfacor, la Eps de la caja de Compensación de Córdoba que atiende a más de 540 mil afiliados en cuatro departamentos.

La decisión se adoptó luego de confirmar que la EPS no cumple las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas o científicas. Además, se encontró desviación de recursos del Sistema General de Salud y utilización de los recursos de la UPC en actividades diferentes a la prestación de servicios de salud. En efecto, la Contraloría General tiene evidencia de que la plata de la salud se iba en gastos administrativos, como publicidad, por 822 millones de pesos; honorarios por administración delegada, por más de 14.000 millones, y gastos de nómina extralegales, por más de 17.000 millones de pesos.

Dentro de los gastos de publicidad se hallaron giros realizados por participación en campeonatos de fútbol (al equipo Jaguares), reinados de belleza, patrocinio de torneo de boxeo y en la fiesta del Río Sinú. Ya se había denunciado, en 2018, que Comfacor estaba involucrada en el llamado cartel de la Hemofilia, que pagó millonarias sumas de dinero por pacientes que ni si quiera aparecían en sus bases de datos. En contraste, funcionarios de la Superintendencia comprobaron que la EPS no brinda cobertura del 100 por ciento de todos los servicios en los municipios en los que opera. En este punto, el Súper señaló que la cobertura de las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas es de tan solo un 53,52 %, de la UCI neonatal del 98,59 % y la UCI para adultos, del 98,59 %. Así mismo, hay muy baja cobertura para la atención de afiliados con cáncer: 77,46% de servicios contratados de oncología; hematología con el 46,48 % y oncología pediátrica con el 61,97 %; quimioterapia con 77,46 % y radioterapia con 46,48 %

Tres oportunidades

“El deterioro en su situación financiera, técnico científica y jurídica, genera riesgo para la efectividad en la prestación de servicios de salud de la población afiliada, la seguridad de los afiliados y el adecuado manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud”, explicó Aristizábal.

La Superintendencia Nacional de Salud hizo las denuncias ante la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía, tras el hallazgo de irregularidades, en diciembre de 2017, febrero y octubre de 2018. De hecho, el Súper recordó que a la EPS se le hicieron tres prórrogas de las medidas especiales para que subsanara la situación, pero ni siquiera cumplió con la capitalización que se le exigía.

En la práctica, la decisión de revocar la orden de funcionamiento significa que, una vez que se hagan efectivos los traslados de sus afiliados, Comfacor deberá interrumpir de manera inmediata las actividades de afiliación y prestación de servicios del programa de salud, el cual deberá ser liquidado.

Además, está obligada a adoptar medidas para proteger la vida y la salud de sus afiliados, y para la efectiva respuesta de sus obligaciones con terceros, hasta que se haga la asignación efectiva a las otras EPS.

La decisión le fue notificada este lunes a sus directivos de Comfacor.

REDACCIÓN.



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