Supersalud anuncia mano dura contra EPS que incumplan en prestación de servicios

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, anunció desde Pereira que la facultad sancionatoria con las EPS morosas se seguirá aplicando con firmeza, a pesar de las acciones legales que se han emprendido en diversas regiones del país para tratar de evadir el pago de numerosas multas de las que han sido objeto.

Según señaló el superintendente, “el objetivo es que las EPS entiendan su responsabilidad con el sistema de salud en Colombia”, y para tal efecto, las invitó a cumplir a cabalidad con su responsabilidad contractual con los usuarios, quienes son los más perjudicados cuando no reciben una atención oportuna por parte de los prestadores del servicio.

El superintendente de Salud indicó que el Gobierno Nacional y los entes de control están comprometidos en hacer que las EPS que no tengan vocación de permanencia en el país salgan de los territorios donde vienen causando dificultades en materia financiera y de prestación del servicio.

“Vamos a continuar por todo el país. EPS que no le cumpla a los colombianos y que no responda a las quejas, las sugerencias y los reclamos de los usuarios va a ser objeto de sanciones, así mismo aquellas que no entreguen oportunamente los medicamentos o no tienen una red suficiente de atención, la vamos a sacar del territorio”, indicó Aristizábal.

“Ya algunas EPS se les hicieron unas revocatorias parciales, las estamos sacando de algunos departamentos. La semana anterior precisamente hicimos una revocatoria total de una EPS de Córdoba, y por eso el mensaje de la Superintendencia de Salud es que las EPS que tengamos que sacar por haber llevado a la crisis a la red hospitalaria del país, no seguirán operando”, puntualizó Fabio Aristizábal.

Las declaraciones del Superintendente de Salud se dieron en el marco de la entrega de una auditoría realizada a la contratación del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el cual hace parte de once instituciones del país que están siendo vigiladas por parte de la SuperSalud y la Contraloría General de la República en un trabajo articulado para evitar hechos de corrupción al interior de los centros asistenciales.

REDACCIÓN.


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