El drama por cierre de servicios que denuncian pacientes de Medimás

Medimás confirmó las denuncias que sus usuarios han venido presentando a través de las redes sociales: el cierre de servicios a lo largo del país que causa traumatismos en la atención de sus 3,8 millones de afiliados.

En concreto, la EPS le confirmó a EL TIEMPO que vive “una situación muy difícil de operación y accesibilidad a los servicios de salud para los usuarios”, según ellos, por “el pánico que se ha generado en su red de prestadores y proveedores” tras los fallos recientes proferidos por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Voceros aseguran además que las declaraciones de entes de control y de la propia Superintendencia de Salud de dar como un hecho el traslado de sus afiliados a otras EPS sin que se resuelva de fondo la decisión en el Consejo de Estado, ha vulnerado su derecho al debido proceso.

“A esta situación se suma la decisión de la Superintendencia de Salud de suspender el giro de los recursos a la red de prestación mediante la resolución 4344, lo cual no solo vulnera los compromisos contractuales de Medimás con 48 IPS y suspende los pagos desde el 10 de abril del año en curso, sino que además se aplicó retroactivamente a los pagos programados para la semana anterior al 10 de abril. Esto afecta aún más la capacidad operativa de hospitales y clínicas cuando el sistema y otras EPS acumulan carteras morosas que ocasionan el cierre de despacho de medicamentos e insumos por parte de los proveedores”, le dijeron voceros de Medimás a este diario.

Lo grave es que si bien tanto la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José como el Hospital Infantil Universitario de San José -dos de los prestadores más importantes de Medimás- continúan prestando atención, los servicios de urgencias y la remisión de pacientes de todas partes del país ya sobrepasa la capacidad instalada en esos centros y, por ejemplo, la oportunidad de atención en consulta externa y cirugía programada se ha visto afectada por el exceso de demanda, confirmaron desde la EPS. 

“Por la falta de credibilidad en la continuidad de Medimás y la imposibilidad de pagar los servicios prestados a las instituciones que aún creen y continúan ayudando a la recuperación de la empresa y prestando los servicios con la calidad y la oportunidad que los pacientes y sus familias necesitan y merecen, muchas IPS en Bogotá y en el resto del país han cerrado sus servicios con nosotros”, concluyeron fuentes de la aseguradora. 

La empresa argumenta que es imposible garantizar la atención cuando “se suspende el pago de los servicios a la red de prestación en la que recae la responsabilidad de atender y está soportando la demanda de servicios”.

El tema es especialmente crítico en Bogotá y en Bucaramanga, según pudo conocer EL TIEMPO, y afecta sobre todo a los afiliados del régimen contributivo. 

Según los datos reportados al 20 de abril del 2019, actualmente la red de Medimás está conformada por 1.710 servicios, 490 en el régimen contributivo y 1260 en el subsidiado.

Pacientes de Medimás consultados por este diario aseguraron que las fallas en el servicio, que dicen ser de vieja data en esta EPS, se han agudizado tras las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

“Después de que se conoció el fallo que ordenó trasladar a todos los afiliados, se incrementaron las quejas por negación en la prestación de los servicios de salud. Por un lado, la EPS no cuenta con una red de prestadores que garanticen la atención y cuando los pacientes acuden a distintas IPS del país son rechazados bajo el argumento de que no hay convenio vigente con Medimás y/o que solo serán atendidos si la entidad genera el pago anticipado”, asegura Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente. 

Edith Fernández, paciente oncológica de Medimás, critica que a pesar de los múltiples pronunciamientos de las autoridades de salud de que los enfermos de esta EPS no tendrán problemas, “nadie pone orden y los hospitales y centros médicos nos han dejado de atender; nos están aplazando las citas, porque muchos piensan que les van a quedar debiendo; ahora las cosas son más lentas y dolorosas”.

“Medimás nos autoriza, pero hoy las instituciones no tienen agendas para nosotros; esto es infame. Las órdenes se están venciendo y hay que empezar de nuevo. Las autoridades salieron a decir que estuviéramos tranquilos, pero no se dan cuenta del pánico que generaron con todo esto, sin tener claro qué harían con nosotros”, agrega.

Esa misma preocupación es la que embarga a Francy Borda, residente en Ramiriquí (Boyacá), quien señala que con las medidas del último mes sus hijos no han recibido el tratamiento correspondiente. “Ayer (lunes) me llamaron a cancelar la cita con el otorrino. También me cancelaron las citas con el oftalmólogo, alergólogo y psicólogo, y nunca me las reprogramaron. 

Francy asegura: “No debería enterarme si a los doctores les pagan o no, mis hijos tienen el derecho de recibir una atención digna, integral y oportuna, como debería ser. En este punto uno se pregunta ¿Qué más hago? No ha valido tutela, reuniones, absolutamente nada. Es desesperante”.

Vía El Tiempo.


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