Migrantes con salud

Salir de su país y no tener un mínimo acceso a la salud es quizás una de las preocupaciones que más abruman a los migrantes que dejaron atrás su historia en Venezuela y que, según las Naciones Unidas (ONU), ya supera los 3.4 millones de ciudadanos desde 2016.

Este también se ha convertido en un desafío para Colombia. Según Migración, hasta el 31 de marzo, en el país había 1.260.594 extranjeros en el territorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cifra es aún mayor, pues resulta imposible contar cuántos entraron al país de manera irregular, cruzando a través de los pasos ilegales, conocidos como trochas.

Ahora, lo dicho hace una semana por el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en relación a lo apretado que se ponía el presupuesto para satisfacer esas necesidades, encendió un llamado de alerta, pues Aristizábal señaló que los recursos “no son suficientes” y llamó la atención de los Ministerios de Hacienda y de Salud para “apropiar recursos nuevos”.

Ante esto, el pasado jueves, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que más allá de los costos que esta atención pueda generar, los esfuerzos del gobierno se mantendrán para garantizar el acceso a los servicios médicos, una actitud respaldada lo dicho por el presidente Iván Duque en todos los escenarios.

El ministro zanjó la discusión destacando que dejar de atender médicamente en sus servicios básicos a esta población no está “en el ADN del gobierno”.

¿Qué se ha hecho?
Felipe Muñoz, gerente de Frontera, es enfático en señalar que lo más importante, alrededor de la atención y prevención, es la aplicación de un cerco epidemiológico, liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS), el cual consiste en aplicar vacunas a quienes ingresan.

El funcionario explica que desde 2016 y hasta marzo pasado se han aplicado alrededor de 915.000 dosis de vacunas, que han permitido evitar “circunstancias críticas de salud”, aunque sin desconocer los casos de sarampión, por ejemplo, que lograron alarmar al país el año pasado, aunque aquí fue clave el cerco epidemiológico aplicado por el INS, el cual permitió conocer quién llegó enfermó, a dónde fue en Colombia y quiénes lo rodearon, pues así se pudo aplicar el tratamiento médico y evitar que las personas que estuvieran a su alrededor, se enfermaran.

En relación con los costos, Muñoz explica que no es claro cuánto, anualmente, le cuesta a Colombia la atención de salud de esta población, aunque remite a los estudios del Banco Mundial, Fedesarrollo y la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que fijan este rubro en 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, unos 5 billones de pesos.

“Aunque no está determinada la destinación para asuntos de salud, sí hay que dejar claro que es de lo que más representa en la atención integral de los migrantes”, agrega el gerente de Frontera.


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