Violencia intrafamiliar el problema más grande en Colombia

Claudia Adriana García Fino es la segunda mujer que ha llegado a la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y aunque su nombramiento se dio como resultado de la polémica salida del médico y experto en criminalística Carlos Valdés, en diciembre pasado, todos coinciden en que esta bogotana conoce la entidad como las palmas de sus manos y que es una experta en el análisis de las conductas violentas.

Esta médica especializada en medicina forense lleva 24 años en el instituto, donde ha ocupado diferentes cargos, el último de ellos subdirectora de servicios forenses. Tal vez por eso, y por su condición de madre de dos jóvenes, lo que más la impacta son los casos de violencia en los hogares, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia contra niños.

“La condición de mujer, de esposa, de mamá, le permite a uno tener una sensibilidad especial frente a muchas de las situaciones que uno vive en el instituto. Uno termina siendo mamá sobreprotectora cuando ve todos los días la violencia”, reconoce la directora, quien además se muestra preocupada por el “altísimo grado de intolerancia” que hay.

En entrevista con EL TIEMPO, la directora de Medicina Legal habla de su antecesor, de sus propósitos en el instituto y analiza los diferentes fenómenos violencia y dice cuáles son los que más le preocupan.

¿Se afectó la imagen del instituto con la polémica salida de su antecesor?

En el doctor Carlos Valdés reconozco un hombre de altísima calidad científica que se retira de manera voluntaria en un acto loable de reconocimiento de una equivocación, con la intención de no perjudicar al instituto. Eso es una actitud de valentía y honestidad. En los 8 años que estuvo al frente del instituto fue mi maestro. Lo respeto y lo valoro. ¿En qué quiere que se reconozca su gestión?

En el fortalecimiento de la atención en dos aspectos: uno, que frente a los temas de violencia intrafamiliar, violencia de género y de delitos sexuales la atención sea articulada con las otras instituciones, para que se dé cumplimiento a medidas no solo en justicia sino en prevención y restablecimiento de derechos del núcleo central, que es la familia.

También vamos a continuar la búsqueda de desaparecidos. Con los acuerdos de La Habana, el instituto sigue siendo el soporte técnico-científico tanto para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas como para la Jurisdicción Especial para la Paz. Así debe ser porque el instituto tiene 105 años de experiencia técnico-científica y la experiencia de un país en conflicto. Los procedimientos en necropsias solo los tiene el instituto y los mejores equipos para el estudio de ADN los tenemos nosotros.

¿Por qué considera que hay comportamientos violentos en muchos colombianos?

Hay un altísimo grado de intolerancia, y eso lleva a no ponernos en los zapatos del otro y a pasar por encima del otro.

¿Qué fenómeno se destaca en la violencia fatal?

En el comparativo de enero a abril de 2018 con el mismo período de 2019, el homicidio tiene una leve disminución de 1,54 %. Teníamos 3.694 casos en 2018 y en los 4 primeros meses de este año tenemos 3.637. Pero la causa de muerte, o sea por qué se mata a las personas, ahora es con medios muy agresivos, cada vez son más heridas por proyectil de arma de fuego, más heridas con arma cortopunzante. “Si estamos sometidos a hechos de violencia intrafamiliar y sexual, que en su mayoría ocurren dentro de las familias, estamos dañando el núcleo de una sociedad” ¿Qué nivel científico ha alcanzado la entidad?

Desafortunadamente por la violencia que hemos tenido durante tantos años, en ciencias forenses el país ha logrado un desarrollo importante. Eso le ha permitido al instituto ser líder, tanto en lo científico como en conocimiento, en Latinoamérica y frente a países de Europa y Norteamérica. Cada médico forense en Bogotá hace un promedio de 180 a 200 necropsias médico legales al año, esa experiencia no la tienen en países europeos. Desde el punto de vista académico, para un médico forense extranjero la morgue de Bogotá puede ser muy enriquecedora. Aquí, en un día tenemos de 15 a 18 casos por diferentes causas de muerte.

¿Qué les falta?

Es claro que nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia. ¿Qué necesitamos? Que los recursos que hemos pedido para poder apoyar esta etapa del acuerdo de paz sean direccionados al instituto. El decreto de creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos dice que el Gobierno fortalecerá al Instituto Nacional de Medicina Legal, esos recursos se necesitan para apoyar técnico-científicamente a la Unidad, a la JEP y a la gente vengan al Instituto.

¿El presupuesto no es suficiente?

En el 2018 aumentó 0,32 %. Nosotros teníamos asignado 218.000 millones para el 2018 y para 2019 aumentó 6,82 %, pero eso es insuficiente, escasamente funcionamos. Esto nos ha llevado a utilizar la imaginación para optimizar los recursos. El presupuesto que pedimos para suplir las necesidades del postconflicto es de 156.000 millones de pesos. Tenemos diagnosticado que para el apoyo a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos necesitamos 153 funcionarios más y para el apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz 173. Pero también necesitamos infraestructura como oficinas y equipos, y un laboratorio de genética exclusivo para esa tarea.