Principales aseguradoras de salud manifiestan preocupaciones sobre el proyecto de enmienda constitucional

Bogotá, 2 de septiembre de 2019 – En comunicación enviada hoy a los miembros de la Comisión Primera del Senado, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) expresó las preocupaciones de las principales aseguradoras en salud del país sobre el proyecto de enmienda constitucional que reformaría el control fiscal en Colombia.

A juicio del gremio, el proyecto cristaliza en la Constitución, “para fijarlos en mármol”, todos aquellos aspectos del funcionamiento de la Contraloría que históricamente han generado los mayores cuestionamientos: el control de advertencia y el control previo. Esto, con una redacción que confunde el concepto de “recursos públicos” con el de “fondos de la Nación, con el de “erario”, creando gran incertidumbre sobre hasta dónde se van a extender los poderes de la Contraloría y para qué efectos.

Esa incertidumbre agudizará el fenómeno que ya viene presentándose, en el que los ciudadanos más honestos, que además quieren y saben tomar decisiones difíciles, rehúyen como de la peste la posibilidad de considerar ingresar al servicio público.

El proyecto consagra un esquema puramente sancionatorio y punitivo, para que el órgano de control fiscal actúe en asuntos que tienen más que ver con la evaluación de políticas y el proceso de toma de decisiones públicas, que con temas de corrupción. Ese es, en opinión del gremio, el camino más expedito para paralizar decisiones complejas en el estado y ahuyentar el talento transparente y técnico en lo público.

En el caso específico del sector salud, en la comunicación se resalta que la indefinición sobre la naturaleza pública o no de los recursos destinados al aseguramiento en salud, hace que cada decisión empresarial en beneficio de los pacientes quede sometida al riesgo de una evaluación basada en los criterios de lo puramente estatal, y no de la técnica propia del aseguramiento en salud.

El gremio también resaltó el peligro de que la Contraloría, cuyas decisiones son meramente administrativas, quede investida de facultades como autoridad de la jurisdicción penal, y dijo que era imposible que un control concomitante, como el que propone el proyecto, no sea al mismo tiempo una muy nociva coadministración.

“Todos los sectores de la economía que en algún sentido se relacionan con el Estado, ven con más preocupación la creación de este nuevo Leviatán, como acertadamente lo llamó el ex ministro Guillermo Perry”, dijo el presidente ejecutivo del gremio, Gustavo Morales. El control en áreas especializadas quedaría mucho mejor en manos de agencias de supervisión con experiencia específica, como las superintendencias, dijo el dirigente gremial.


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