Lupa a crisis del sistema especial de salud de los maestros del país

Lupa a crisis del sistema especial de salud de los maestros del país
Lupa a crisis del sistema especial de salud de los maestros del país

Tomado de: El Tiempo

La seguridad social de los educadores públicos siempre ha estado por fuera del sistema de salud y se configuró como régimen especial, es decir, no está sujeto a las EPS y tiene un presupuesto y cobertura diferentes. Lo mismo pasa con las Fuerzas Militares, la Policía y Ecopetrol. Pero en el caso particular de los docentes, la pregunta es sencilla: ¿funciona?

La respuesta tiene matices. Cada mes, los maestros de colegios públicos generan entre 2.000 y 2.500 quejas mensuales sobre la prestación del servicio, una cifra que para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) refleja las fisuras de ese régimen especial, del que hacen parte 856.689 personas (entre profesores y sus familiares), a julio del 2019.

De hecho, los docentes, en busca de una mejor atención, han protestado durante años y denunciado demoras en las citas con especialistas y en la entrega de medicamentos. Incluso, ese fue el principal motivo para el paro nacional de los días 28 y 29 de agosto pasado, el cuarto en lo que va del 2019.

¿En dónde está el problema? ¿Falta presupuesto? Según María Victoria Angulo, ministra de Educación, el valor total de los actuales contratos con los operadores de salud asciende a un valor de 5,2 billones de pesos.

Una suma importante que sale de presupuesto nacional y que es entregado al Ministerio de Hacienda y termina en la Fiduprevisora, entidad que administra los recursos del magisterio para gestionar su sistema de salud, pensiones y cesantías a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Jaime Abril Morales, vicepresidente del Fomag, dice que además de esos recursos, “en salud, los profesores deben hacer un aporte. Por ejemplo, los pensionados dan el 12 por ciento de su mesada y el personal activo, el 4 por ciento”.


Nelson Alarcón, presidente de Fecode, aduce que las inconsistencias son generadas por la Fiduprevisora porque “no cumplen con la normatividad vigente (…). Desde hace casi cuatro años, esa entidad tiene una deuda superior a los 750.000 millones de pesos con los prestadores de la salud. Por esta razón, las dificultades crecen”.

Los problemas a los que se refiere el presidente de Fecode radican en que “los medicamentos deben ser entregados en un plazo máximo de uno o dos días, pero muchos prestadores duran hasta ocho días. Otro tema es el otorgamiento de las citas con especialistas. Hay términos específicos que dicen que se deben entregar en 20 días hábiles, pero hemos tenido casos en que se conceden cinco meses después. Tampoco nos autorizan procedimientos quirúrgicos”.

Citas y cirugías

La ministra Angulo le confirmó a EL TIEMPO dichas irregularidades. “Hemos detectado que no se entrega oportunamente la totalidad de los medicamentos formulados o no se realizan oportunamente los reembolsos. No se generan rápidamente las citas con especialistas (demoras de 3 o 6 seis meses). Y también evidenciamos demoras en la programación de cirugías”, explica.

La jefa de la cartera dice que estas dificultades se presentan en todo el país, con excepción de los departamentos de Caquetá y Putumayo, que son los más responsables en la entrega completa de medicamentos y la atención prioritaria de urgencias.

“Sin embargo, es importante advertir que en algunas regiones se presentan con mayor frecuencia situaciones particulares por la falta de especialistas y disponibilidad de suministro de medicamentos, circunstancias derivadas de la escasa oferta de estos servicios y que afectan no solo la prestación del servicio de salud del magisterio, sino de todo el sistema de salud del país”, reflexiona Angulo.

Adicional a esto, la Contraloría halló inconsistencias fiscales por más de 63.000 millones de pesos en el Fomag, y, además, determinó que no ve viable su sostenibilidad pues presenta un patrimonio negativo, debido a las pérdidas por más de 4,2 billones de pesos. “La Fiduprevisora dilata los procesos y eso genera una sanción por mora. Hoy se está creando una situación de déficit en nuestro fondo”, advierte Alarcón.


Contratos sin liquidar

Ante estas denuncias, el vicepresidente del Fomag explica que actualmente hay solo cinco contratos –firmados entre 2012 y 2017– sin liquidar, debido a que son procesos muy complejos.

“Por ejemplo, tenemos que depurar la base de datos de afiliados. Eso significa revisar si la población entre 2012 y 2017 falleció o sigue viva. Debemos establecer si hubo gente que estuvo multiafiliada durante esos cinco años, entre otros temas complejos”, señala Abril.

En este punto, la ministra de Educación afirma que, según los operadores, las deficiencias en el servicio obedecen a la falta de liquidación y pago de los anteriores contratos de salud.

“No podemos aceptar ese argumento de los operadores –dice Abril–. No existe desequilibrio económico y hay flujo de recursos como en ningún otro sector de salud porque pagamos en menos de 30 días (…). Además, entiendo que a los operadores que se les adjudicó el contrato acreditaron condiciones financieras”.

Citas médicas

Sobre las demoras en la solicitud de citas, los operadores afirman que deben ceñirse a un contrato, por lo que en ocasiones no se pueden atender la totalidad de los requerimientos de los profesores.

“En términos de citas, no somos ajenos a la deficiencia de especialistas que hay en el país (…). Mientras en un régimen normal un paciente pide en medicina especializada dos consultas al año, en el régimen de nosotros la media está en tres mensuales. Es monstruoso y revienta cualquier cosa. Mientras un paciente en medicina general en la EPS pide una consulta cada seis meses, en nuestro sistema son dos o tres mensuales”, expone el director de un operador de servicios médicos quien prefirió reservar su nombre.

Agrega que ese fenómeno se debe a que en el régimen de los docentes no existe la cuota moderadora, un mecanismo del régimen contributivo que obliga a los pacientes a pagar un dinero por consulta. “No existe la conciencia de la regulación, y si no se logra, lo que va a pasar es el colapso de ese sistema de salud”, advierte.

“Ellos creen que como son un sector específico debemos atenderlos de manera ilimitada y en el menor tiempo posible”, relata el director.

En cuanto a la demora en la entrega de los medicamentos, este director argumenta que no están obligados a entregar fármacos comerciales y menos sin registro del Invima. “Acá entramos en los primeros choques (…). Algunos docentes van a citas particulares y esos médicos les recetan fórmulas comerciales. Cuando ellos llegan, les damos medicamentos en denominación común internacional, es decir, genéricos”, agrega.

Nosotros no somos una EPS. El contratante nos dice: esta es la lista de operación de salud, entregue y supla servicios frente a este tema.


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