Lo que ha logrado el impuesto al cigarrillo.

A finales del 2016, los colombianos comenzaron a familiarizarse con una expresión poco usada hasta entonces: “Impuestos saludables”. Al tiempo que en el Congreso se debatía una reforma tributaria, distintas organizaciones de la sociedad civil y el propio ministro de Salud de la época, Alejandro Gaviria, asistían a foros académicos y al mismo Capitolio Nacional defendiendo estos gravámenes.

Los impuestos saludables, aplicados en varios países y promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), buscan un doble objetivo: por una parte, elevar el precio de los productos que tienen impacto negativo en la salud para, de este modo, hacerlos menos accesibles a la población; y, por otra, aumentar el recaudo de impuestos para cubrir parte de los gastos asociados a las enfermedades que causan estos productos nocivos.

El reto del ministerio y las organizaciones en aquellos debates en particular era gravar las bebidas azucaradas –causantes de sobrepeso y obesidad– y los cigarrillos, responsables de 88 muertes diarias en Colombia, generalmente por cáncer y enfermedades cardiovasculares. El sabor de estos debates resultó agridulce para el sector de la salud.

El impuesto a las bebidas azucaradas fue objeto de un ‘lobby’ que, para muchos, no había tenido precedentes en el Congreso y se hundió sin siquiera ser debatido, aunque el del cigarrillo, mucho más discreto, siguió su curso y finalmente fue aprobado.

La Ley 1819 de 2016 –la de aquella reforma tributaria– estableció que la tarifa de los cigarrillos tendría una implementación gradual. En el primer año (2017) aumentaría a 1.400 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos (un aumento de 700 pesos), y a 2.100 pesos a partir del segundo.

Los técnicos del ministerio pronosticaban que, con la tarifa plena del impuesto, el consumo se reduciría en dos puntos porcentuales (de 12,9 a 11,2 por ciento). Y, respecto al recaudo, esperaban que durante el primer año fuera de 300.000 millones de pesos adicionales, y a partir de 2018, de 400.000 millones.

Un balance al cabo de tres años muestra que el objetivo se cumplió, y, hasta cierto punto, mejor de lo esperado. Estudios llevados a cabo por la Fundación Anáas (organización de la sociedad civil que ha estado frente a la promoción de estas iniciativas) y el Consorcio de la Economía Global del Tabaco (Global Tobacco Economics Consortium) no solo han confirmado que los colombianos están fumando menos, sino que los pronósticos de recaudo se están cumpliendo.

Según los investigadores, desde que entraron en vigor las medidas, el número de fumadores en Colombia se redujo de 3,8 a 3,6 millones (209.000 fumadores menos).

Eso coincide con lo hallado por la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, que encontró que la prevalencia de tabaquismo en adultos pasó de 9,8 % en 2016 a 8,7 % en el 2018, es decir, una reducción de 1,1 puntos.

Y no solo eso: los que siguen fumando, lo hacen en menos cantidad. De acuerdo con los resultados del estudio ‘Demand for Illicit Cigarettes Survey for Colombia (Deicscol)’, realizado por Anáas y publicado en el British Medical Journal, el fumador promedio colombiano, que consumía 35 cigarrillos a la semana, ahora fuma entre 26 y 32.

“El impuesto está contribuyendo a que muchos fumadores se preparen para dejar de fumar –afirma la economista Blanca Llorente, coautora de los estudios–. Es un indicio de lo que llaman los expertos ‘etapa de preparación para la cesación’ “.

De acuerdo con la experta, estos avances se deben primordialmente al impuesto. Sin embargo, reconoce que no es el único factor. También se deben a la prohibición de publicidad, la creación de ambientes libres de humo y las advertencias sanitarias. “El uso de nuevos dispositivos de tabaco, aunque crece aceleradamente, aún no tiene un peso significativo en estas mediciones”, comenta la experta.

En lo que respecta al recaudo, se estima que, desde que rige la medida, el sistema de salud ha contado con 1,25 billones de pesos adicionales.

El impuesto está contribuyendo a que muchos fumadores se preparen para dejar de fumar. Es un indicio de lo que llaman los expertos ‘etapa de preparación para la cesación’

Contrabando, la contracara

El punto más polémico del balance es el aumento del contrabando, que, según el estudio ‘Deicscol’, pasó de 3,5 por ciento en el 2016 a 6,4 en el 2017.

Ahora bien, de acuerdo con Blanca Llorente, el aumento puede considerarse moderado y su principal causa no es el impuesto, sino principalmente las dificultades del Estado para ejercer el control, particularmente en la frontera con Venezuela, así como la ausencia en los departamentos de un sistema de supervisión de los recaudos que permita hacer un rastreo eficiente de los cigarrillos que no pagan impuestos.

Esta interpretación coincide con la expuesta por un grupo de expertos a comienzos de este mes en la revista ‘The Lancet’, y cuyo autor principal es Prabhat Jha, director del Centro de Investigación de Salud Global de la Universidad de Toronto y una de las figuras más renombradas en control de tabaco a nivel global.

Basados en la experiencia de Francia y Canadá, los autores afirman que triplicar los precios reales de los cigarrillos reduciría a la mitad el consumo en todo el mundo y reconocen que los altos impuestos al consumo podrían aumentar el contrabando. Sin embargo, advierten que “la aplicación aduanera débil (en lugar del alto precio) es el principal determinante de las ventas ilegales de cigarrillos”.

En Francia y Canadá, según la nota publicada en ‘The Lancet’, los precios reales de los cigarrillos se triplicaron desde los años noventa y ochenta, respectivamente, y eso condujo a la reducción de un tercio del consumo.

Sin embargo, tan pronto los países bajaron la guardia frente al contrabando –operación que en el caso canadiense fue orquestada por la misma industria tabacalera, según los autores–, se desaceleraron los logros y la industria comenzó a usar esas experiencias como argumento del fracaso de los impuestos.

No obstante, los expertos advierten que, a pesar de las diferentes estrategias, “el consumo se ha reducido al menos a la mitad en ambos países”: en Francia, de 96.000 millones (seis cigarrillos por adulto por día) en 1992 a 48.000 millones (tres cigarrillos por adulto por día) en 2018, y en Canadá, de 70.000 millones (diez cigarrillos por adulto por día) a principios de la década de 1980 a 30.000 millones (tres cigarrillos por adulto por día) en la década de 2010.

Ante este tipo de evidencias, Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer, concluye: “El impuesto hace que el fumador lo piense dos veces. La industria tabacalera grita y sale con el argumento de que se aumentaría el contrabando y la medida no tendría efecto en la salud, pero hay estudios bien hechos que demuestran lo contrario. Subir los impuestos es una medida de salud pública efectiva. Que no nos vengan con cuentos”.Grande y rápido

A pesar del balance positivo del impuesto en sus tres primeros años, los expertos insisten en que Colombia sigue siendo un país con bajos gravámenes al tabaco y desde varios frentes consideran que ya es el momento de una nueva alza. Como han recomendado los expertos del Banco Mundial, con el tabaco es necesario ir en grande y rápidamente (‘go big, go fast’).

Para ponerlo en el nivel adecuado, en la próxima legislatura será debatido un proyecto de ley encaminado a aumentar la tarifa de 2.253 a 6.000 pesos por cajetilla de 20 unidades, además de un 10 por ciento sobre su valor. La medida cobijaría a los productos de tabaco calentado, los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares de nicotina.

El proyecto, cuyo autor es el senador Juan Luis Castro, va para primer debate en la Cámara de Representantes y ya cuenta con la ponencia favorable de los representantes Erasmo Zuleta, John Jairo Cárdenas, Carlos Alberto Carreño y David Racero.

El informe de ponencia señala que el tratamiento de las enfermedades asociadas a esta causa costó 4,7 billones en 2015. “La grave crisis financiera del sistema de salud en Colombia podría solventarse a mediano y largo plazo con el desincentivo de productos como el tabaco –señalan los ponentes–. El aumento de precios del cigarrillo, tal como se ha venido desarrollando, cumple con esa función”.

Según los cálculos expuestos por los congresistas, el nuevo impuesto reduciría en un millón el número de fumadores, y quienes no abandonen el hábito fumarían menos: de 6,62 a 5,50 cigarrillos diarios. Según los ponentes, la reducción más considerable se daría en las poblaciones de más bajos ingresos, y las muertes anuales atribuibles al tabaquismo pasarían de 1’794.566 a 1’377.437.

Desde ya se anticipa que el debate estará en la agenda pública durante el 2020. En una de sus últimas intervenciones como ministro de Salud, Juan Pablo Uribe comentó que veía “con buenos ojos” estas iniciativas: “Colombia ha tenido una experiencia positiva en los últimos años y habrá que abrir el espacio a la discusión sobre cómo llevar a un nivel superior ese instrumento que es el impuesto al tabaco”.

Pero el tema va más allá de la salud pública y se adentra en los terrenos de la equidad y la reducción de la pobreza.

Al hablar de los costos de tabaquismo durante un evento sobre economía del tabaco organizado por Global Tobacco Economics Consortium y llevado a cabo esta semana en la Universidad del Rosario, Jha y otros expertos indicaron que en el efecto del consumo de cigarrillos conocido en la salud y en los costos de tratamiento hay que referirse al detrimento que causa en el capital humano por pérdidas de productividad. Es decir, menos tabaquismo significa mayor riqueza.

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